En la sala silenciosa de un hospital, cada minuto contaba. María Inés Bonvin, diagnosticada en mayo de 2023 con cáncer de mama en etapa cuatro, necesitaba un medicamento que podía marcar la diferencia: Everolimus. Su oncólogo prescribió 5 mg diarios, con posibilidad de aumentar a 10 mg si el tratamiento respondía, un fármaco cuyo valor aproximado es de 500 mil pesos por dosis y cuya eficacia está respaldada por ensayos clínicos internacionales.
Sin embargo, la esperanza chocó con un obstáculo inesperado: su propia Isapre. Cruz Blanca negó la cobertura bajo el argumento de que el medicamento era “off-label” y no estaba incluido en el GES, pese a que desde 2009 el Everolimus está registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP) para cáncer de mama avanzado.
La negativa dejó a María Inés sin acceso a un tratamiento capaz de aumentar su supervivencia libre de progresión de 3,2 a 7,8 meses y reducir en 29% el riesgo de progresión del cáncer, según los estudios clínicos BOLERO-2 y posteriores.
El 6 de mayo de 2024, los médicos confirmaron la prescripción del Everolimus y la necesidad de cobertura inmediata. Cruz Blanca, sin embargo, solo aceptó financiar otro medicamento de segunda línea, Fulvestrant, de costo similar, dejando a María Inés sin el tratamiento crítico que requería.
El 23 de agosto de 2024, María Inés falleció. Su hijo, Pablo Viollier, abogado, denunció la situación en LinkedIn, calificando la negativa de la Isapre como “una muestra innegable de mala fe e invocando motivos económicos”, y recalcando que el registro del ISP demostraba que el Everolimus estaba aprobado para su enfermedad.
Casi un año después, el 12 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por María Inés y ordenó a Cruz Blanca cubrir el medicamento mientras fuese necesario conforme a prescripción médica. El fallo calificó la actuación de la Isapre como “notoriamente arbitraria”, vulnerando derechos fundamentales y obligaciones contractuales, además de incumplir instrucciones de la Superintendencia de Salud.
Para Pablo Viollier, la victoria judicial tiene valor simbólico: establece jurisprudencia para futuros casos de negativas injustificadas de cobertura, pero no puede devolver la vida perdida de su madre. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia que llega tarde”, escribió, subrayando que detrás de los fallos hay vidas que no pueden esperar.
El caso de María Inés deja un mensaje contundente: cuando la burocracia se cruza con la enfermedad, el tiempo es irreemplazable, y la demora puede ser mortal. La justicia existe, pero llega demasiado tarde para quienes más la necesitan.
