El Ministerio de Minería cerró en Quillagua tres procesos de consulta indígena con la comunidad Aymara para habilitar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) en las regiones de Antofagasta y Tarapacá; un paso clave dentro de la Estrategia Nacional del Litio que impulsa el Gobierno.
Durante cuatro meses, las comunidades de Quillagua Norte, Sur y Este participaron en un diálogo permanente con la autoridad, que derivó en 24 acuerdos, entre ellos la delimitación geográfica de los contratos, la definición de mecanismos de compensación económica, lineamientos para el relacionamiento comunitario y obligaciones para los futuros desarrolladores. Solo tres acuerdos quedaron con observaciones y no hubo disensos.
“Este esfuerzo inédito de vinculación es parte del sello que queremos imprimir en la implementación de esta estrategia. Desarrollar minería en conjunto con las comunidades no solo es posible, es el único camino”, destacó la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, durante la ceremonia de cierre en Quillagua.
La presidenta de la comunidad Aymara local, Violeta Oxa, valoró el proceso. “Fueron muchas horas de conversación, pero nunca hubo un no en la mesa de gobernanza”, afirmó.
El modelo de participación y beneficios económicos
Las consultas indígenas forman parte de un diseño más amplio que busca legitimar socialmente el desarrollo del litio. En la Región de Atacama, procesos similares ya concluyeron con comunidades Colla, que aseguraron beneficios económicos concretos:
- US$20.000 anuales durante la fase de exploración.
- US$50.000 anuales durante la etapa de construcción.
- Una vez en operación, las comunidades recibirán 0,24% de las ventas anuales de litio, con un mínimo garantizado de US$50.000 por comunidad.
Los aportes, además, contemplan fondos para el desarrollo sostenible intermediados por Corfo, y transferencias directas al Gobierno Regional de Atacama cuando los proyectos entren en fase productiva.
El primer contrato de este tipo —ya oficializado por Contraloría— fue firmado entre el Estado y Enami Litio, en sociedad con la gigante Rio Tinto, para desarrollar los salares altoandinos de Atacama. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2060.
Siete procesos abiertos y un mercado en disputa
Actualmente, el Ministerio de Minería mantiene siete procesos de consulta indígena abiertos en Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que se espera concluyan durante 2025. El objetivo es avanzar en la entrega de CEOL que permitan al Estado —en alianza con privados— participar directamente en la explotación de litio, recurso clave en la transición energética global.
El trasfondo es estratégico: Chile busca mantener competitividad frente a países como Argentina y Australia, que han acelerado su producción en los últimos años. Pero, a diferencia de esos modelos, el Gobierno insiste en que la Estrategia Nacional del Litio debe combinar desarrollo productivo con participación indígena, redistribución territorial y encadenamientos de valor agregado en el país.
Más allá de la minería
El caso de Quillagua es simbólico. Se trata de una comunidad que históricamente ha debido defender sus derechos sobre el agua y el territorio frente a grandes proyectos extractivos. El hecho de que las consultas concluyeran sin disensos es visto por el Ejecutivo como un precedente que podría dar legitimidad social a los futuros contratos de litio.
El desafío, sin embargo, será garantizar que los acuerdos no queden en el papel y que los beneficios económicos lleguen efectivamente a las comunidades, evitando la conflictividad que ha marcado otros proyectos mineros en el norte del país.
Con estas consultas, el Gobierno busca demostrar que el litio no será “otro caso de saqueo de recursos naturales”, sino un sector que se levante con una nueva gobernanza, en la que el Estado, las comunidades y los privados compartan riesgos, beneficios y decisiones estratégicas.
