Concluido el plazo de seis meses otorgado a las empresas de telecomunicaciones para implementar la numeración especial, a partir de este miércoles 13 de agosto, todas las llamadas comerciales y/o masivas —sean deseadas o no— deberán incorporar los prefijos 600 o 809 para su identificación, en el marco de la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno.
De acuerdo con la normativa, el prefijo 600 identificará llamadas solicitadas por el usuario o que eventualmente podrían ser esperadas, al provenir de una empresa o institución con la que existe vínculo. En cambio, el prefijo 809 quedará reservado para llamadas no deseadas o no solicitadas.
Una medida para proteger y prevenir estafas
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, destacó que la implementación de estos prefijos es un paso clave en la protección contra fraudes telefónicos.
“Desde este 13 de agosto, todas las llamadas comerciales y masivas deben venir con este prefijo claramente identificable. Esto permite que las personas sepan si están recibiendo una llamada legítima o, por el contrario, si es un intento de estafa. Si lo llaman de un +569 o un número extranjero para vender algo, no es legítimo. Esta normativa busca protegernos, identificar spam y evitar fraudes, que es su principal función”, explicó.
El cambio llega en un contexto de alta incidencia de comunicaciones no deseadas. Según un estudio de la empresa Hiya (2024), Chile lidera Latinoamérica en llamadas spam, con un promedio de 28 por persona al mes. Además, datos de la PDI indican que durante 2024 las denuncias por estafas telefónicas aumentaron un 19% en comparación con 2023.
Impacto regional y seguridad ciudadana
En el extremo norte del país, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota, Pablo Maturana, subrayó la importancia de la medida para zonas con alta movilidad y vínculos transfronterizos.
“En nuestra región, muchas familias se comunican a diario con seres queridos fuera de la región o del país. Poder distinguir fácilmente una llamada legítima de un intento de estafa es clave, especialmente para proteger a personas mayores y comunidades más aisladas. Esto no solo entrega tranquilidad, sino que fortalece la confianza en las telecomunicaciones, que son vitales para nosotros”, señaló.
Fiscalización y sanciones
El cumplimiento de esta normativa será fiscalizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar o reclamar a través de sus canales oficiales si reciben llamadas de empresas que no utilicen los prefijos establecidos.
Las compañías que incumplan se arriesgan a sanciones que van desde una amonestación hasta multas que pueden fluctuar entre 5 y 5.000 UTM.
