Luego de años de una compleja investigación, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago dictó las primeras condenas contra los responsables de una red que traficaba migrantes haitianos hacia Chile mediante vuelos chárter, una práctica que movilizó a más de mil personas entre 2017 y 2018.
Esta investigación informada por El Mostrador, se desprende de una denuncia inicial realizada en agosto de 2016 por el Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones (PDI), que alertó sobre la masiva llegada de ciudadanos haitianos a bordo de aviones de la desaparecida línea aérea Latin American Wings (LAW), que operaba desde Puerto Príncipe a Santiago.
El mecanismo del tráfico ilícito
Las condenas —descritas en una sentencia de 227 páginas— revelan cómo operaban estas organizaciones que, bajo la apariencia de turistas, hacían ingresar ilegalmente a migrantes haitianos por medio de vuelos chárter. Los pasajeros portaban sobres amarillos con documentos, reservas hoteleras falsas y dinero en efectivo, elementos esenciales para engañar a las autoridades migratorias.
El núcleo del esquema giraba en torno a agencias de viajes informales establecidas en el centro de Santiago, como GABEL y QUISQUEYA, cuyos dueños, Dubon Pierre Antoine y Djimy Dymijour, respectivamente, coordinaban las operaciones con el expiloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y exgerente comercial de LAW, Héctor Gacitúa.
Los migrantes pagaban entre 950 y 1.000 dólares por un pasaje que les permitía traer a sus familiares desde Haití o República Dominicana, bajo la modalidad de turistas con estancias temporales y ficticias en Chile.
Instrucciones detalladas para burlar migraciones
Una de las evidencias más contundentes fueron las escuchas telefónicas interceptadas a los imputados, que evidenciaban la planificación meticulosa para evitar que las autoridades detectaran el engaño. Gacitúa reconocía en una llamada que las reservas hoteleras eran “más falsas que sostén de maraco”, y coordinaba con sus socios para que los migrantes dieran respuestas convincentes en los controles migratorios.
Estas instrucciones, conocidas como «briefings», incluían indicaciones específicas sobre qué decir: declarar que se quedaban pocos días, que tenían familiares en Haití y que venían de vacaciones, simulando la calidad de turistas. Además, un miembro del grupo viajaba en cada vuelo para guiar a los pasajeros durante las horas de viaje, asegurando que siguieran el discurso establecido.
Las reservas hoteleras falsas y el uso de “bolsas de viaje”
Las reservas de hotel, requisito obligatorio para ingresar al país, eran gestionadas mediante convenios con varios hoteles en Santiago, que recibían una comisión por dejar que sus nombres fueran usados como direcciones de residencia temporal, pese a que los migrantes nunca se alojaban allí.
Además, los sobres amarillos contenían “bolsas de viaje” con dólares en efectivo, propiedad en muchos casos de los traficantes, para mostrar solvencia económica ante la PDI. Una vez superado el control migratorio, los pasajeros debían devolver el dinero.
La investigación y las condenas
El juicio, encabezado por la fiscal Carolina Suazo y apoyado por la Fiscalía Regional Centro Norte y la Brigada de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, culminó con la condena de tres personas: Héctor Gacitúa y Djimy Dymijour recibieron penas de 541 días de presidio, mientras que Patricio Flores fue condenado a tres años y un día, todos con posibilidad de cumplir la pena en libertad.
Esta investigación se originó en la causa contra LAW, donde ya había una condena por lavado de activos y tráfico ilícito de migrantes. La arista de los vuelos chárter fue una derivación, que permitió desarticular parte de la red que facilitaba y lucraba con la entrada ilegal de migrantes haitianos al país.
Impacto y cifras
Entre 2017 y 2018, se realizaron al menos cuatro vuelos chárter con este sistema, a través de los cuales ingresaron poco más de mil haitianos, de los cuales el 99% permaneció en Chile. Según estimaciones de la PDI, considerando además vuelos de LAW y otros mecanismos, el número de personas traficadas habría superado las 14 mil entre 2013 y 2015.
La fiscal Suazo valoró que por primera vez se reconociera la existencia de estos briefings como prueba del delito de tráfico ilícito de migrantes, señalando que este fallo sienta un precedente importante en la persecución de estas organizaciones.
Este caso revela cómo la combinación de vuelos chárter, agencias informales, falsificación de documentos y la manipulación de migrantes forman un complejo entramado que busca evadir los controles migratorios.
La investigación sigue abierta para desentrañar nuevas aristas y posibles responsables, mientras las autoridades buscan reforzar la vigilancia en los puntos de ingreso al país.
