Ante la medida adoptada el sábado pasado, donde se determinó la suspensión de la jueza Irene Rodríguez por un mes de sus funciones por parte del Poder Judicial, la magistrada declaró que «Sigo amando al Poder Judicial».
Luego de que fuera suspendida por el Poder Judicial, la jueza Irene Rodríguez la magistrada, quien fuera cuestionada por su rol en la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”, declaró públicamente sobre la resolución en su contra.
Es así como la magistrada entrada un poco la calma, defendió su trayectoria y deslindando responsabilidades sobre el error que permitió la liberación de Alberto Mejía Hernández. Señalando que «no puedo asegurarles qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial; yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando».
Junto con ello, señaló que no ha participado de nuevas diligencias desde la audiencia en la que se generó la controversia: «Mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 8:28 de la audiencia, y desde ahí nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy».
Ante el error, en la identificación del imputado, afirmó que «en el documento que firmé, el nombre del presunto sicario ya estaba mal escrito, y desconozco quién cometió el error».
La magistrada también manifestó que ante la medida adoptada era “lo que corresponde”, ante la aclaración de los hechos. «Ni siquiera yo conozco la investigación. Yo sé lo que dije esa noche, no tengo nada más que decir», concluyó.
Por su parte, el diputado (FA) Jorge Brito de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara, señaló valorar » las medidas contra la jueza Rodríguez en esta cadena de irregularidades, en donde posiblemente, otras instituciones también tienen graves responsabilidades en haber liberado a este peligroso sicario». Añadiendo, «si no actuamos con firmeza ahora, mañana podrá ser demasiado tarde», advirtió.
Además, el diputado (Republicano) Stephan Schubert declaró que ante esta situación: «tiene que haber prudencia, pero también se tiene que actuar con rapidez: determinar exactamente dónde estuvo el problema, y a qué se debió, y por supuesto, garantizar a la ciudadanía que no va a volver a ocurrir una situación tan confusa, tan extraña, y tan perjudicial para la seguridad».
En cuanto a la optimización del sistema de tramitación penal, la Asociación Nacional de Magistrados presentó soluciones concretas como la que permite la edición controlada de oficios para evitar confusiones al enmendar datos y establecer alertas automáticas sobre medidas pendientes. Además, se suman la opción de habilitar conexión directa con Gendarmería e incorporar la biometría para imputados que cuentan con RUT provisorio.
