El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, introdujo una modificación al reglamento de personal del Ministerio Público, permitiendo a los funcionarios de menor rango afiliarse a partidos políticos. La medida se basa en la reciente modificación de la ley orgánica constitucional de partidos políticos, que acota la restricción solo a fiscales y abogados asistentes de fiscal.
«La nueva redacción de la ley permite sostener que no está prohibida la afiliación a un partido político para los funcionarios del Ministerio Público, estando solo prohibido para los fiscales y abogados asistentes de fiscal», señaló Valencia.
Según la nueva normativa, los funcionarios que no sean fiscales o abogados asistentes de fiscal podrán militar en partidos políticos, siempre y cuando no realicen actividades políticas durante su jornada laboral o en dependencias del Ministerio Público.
Esto significa que podrán participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, pero fuera de su horario de trabajo y sin utilizar recursos institucionales.
Sin embargo, la medida ha generado ruido al interior de la institución, ya que algunos fiscales consideran que puede ser riesgosa y contradecir el principio de objetividad. «La modificación de Valencia no procede, sobre todo si se toma en cuenta que la letra H del artículo 63 de la ley orgánica del Ministerio Público prohíbe a quienes se desempeñen en el Ministerio Público ‘tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público'», comentaron fuentes internas.
La nueva «doctrina Valencia» establece que los funcionarios que se afilien a partidos políticos deberán abstenerse de intervenir en investigaciones penales que involucren a miembros de esos partidos y deberán informar a su jefatura directa sobre su afiliación política. La medida ha generado debate y preocupación entre los fiscales, quienes consideran que puede afectar la imparcialidad de la institución.
«Es importante que se tomen medidas para evitar conflictos de interés y garantizar la objetividad en las investigaciones», señaló un fiscal que prefirió mantener su anonimato.
La decisión de Valencia ha generado un intenso debate al interior de la Fiscalía, y se espera que se aclare la aplicación de la nueva normativa en los próximos días.
