Un nuevo y contundente informe publicó la Contraloría General de la República (CGR). En esta ocasión, el organismo encabezado por Dorothy Pérez, apunta a Carabineros, quienes habrían incumplido una serie de normativas al no retirar vehículos con encargo, ni detener a personas prófugas de la justicia. Todo esto, en el marco de controles de tránsito que se hicieron en la Región Metropolitana.
Fue entre enero del 2023 y junio de 2024 cuando el órgano contralor hizo el hallazgo de 626 vehículos que mantenían encargo por robo, los que no fueron recuperados, aun cuando fueron fiscalizados por la policía. De ellos, 358, -al 13 de noviembre del año pasado-, aún mantenían el encargo por robo.
La auditoría también detectó que 144 personas que tenían órdenes de detención pendientes por delitos como abuso sexual, tráfico ilícito de drogas o microtráfico, porte ilegal de arma de fuego e infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros, no fueron detenidas, pese a que también fueron fiscalizadas en controles vehiculares efectuados por Carabineros.
«Debido a la relevancia de las observaciones, la CGR instruirá directamente un sumario en la policía uniformada para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos detectados. Asimismo, el informe ha sido derivado al Ministerio Público», informaron desde la institución.
A raíz de las complejas irregularidades advertidas por el ente fiscalizador, la Contraloría ordenó la realización de un sumario al interior de la policía uniformada, así como también remitió todos los antecedentes al Ministerio Público, con el fin que se indaguen presuntos delitos de obstrucción a la justicia por parte de los funcionarios policiales que realizaron los cuestionados controles.
INFRACCIONES POLICIALES Y NUEVAS DETECCIONES
En su mismo reporte, el órgano fiscalizador expuso que los controles de tránsito también permitieron detectar que la policía uniformada emitió 869 citaciones por infracciones que debían derivar en el retiro de los vehículos, lo que no se realizó.
Las infracciones más comunes por la que los funcionarios debían haber retirado los vehículos, señala Contraloría, era por circular sin placa patente, sin permiso de circulación vigente, certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual.
Por otro lado, también se advierte que en más de 145 controles vehiculares, los funcionarios policiales no consultaron al Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), impidiendo detectar el estado legal de los automóviles.
La Contraloría igualmente cuestiona que la policía uniformada tampoco cuenta con procedimientos, normativas como la estandarización del uso de los sistemas de control vehicular, aprobación de los registros de infracciones, validaciones, entre otras. Incluso, descubrió que los funcionarios policiales no cuentan con instrumentos para medir el polarizado en automóviles.
Por lo mismo, el ente fiscalizador ordenó a la policía uniformada a confeccionar un protocolo de uso de la plataforma de la sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, así como también enviar el avance en la adquisición de los instrumentos para medir el polarizado de ventanas.
Finalmente, “se advirtió la falta de una serie de procedimientos y/o normativas, tales como la estandarización en el uso de los sistemas utilizados para el control vehicular”, señaló la Contraloría en su informe.
