Un informe de la Contraloría General de la República reveló que diversas instituciones públicas de Tarapacá presentaron una serie de irregularidades relacionadas con la rendición de cuentas y pagos no justificados durante el año pasado. El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Tarapacá fue la institución que presentó la mayor cantidad de irregularidades en 2024.
Entre las instituciones públicas que figuran en la lista negra de la Contraloría se encuentran los municipios de Pica, Alto Hospicio e Iquique, el Gobierno Regional de Tarapacá, la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá.
GASTOS RECHAZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ
Según el informe, el Gobierno Regional de Tarapacá presentó gastos rechazados por $64.417.978 que no fueron reintegrados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región. Además, la misma institución no exigió a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá cumplir con el plazo establecido para aclarar y justificar las observaciones realizadas a la rendición de cuentas por $212.000.000 del proyecto «Estudio de innovación, competitividad y fomento productivo social mediante prototipos hídricos».
La Contraloría también detectó que la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá no aplicó la multa de $2.034.000 a la empresa adjudicada para ejecutar el citado proyecto, pese a un retraso de 9 días hábiles en la entrega del informe final del estudio.
IRREGULARIDADES EN LAS MUNICIPALIDADES DE PICA, ALTO HOSPICIO E IQUIQUE
En cuanto a los municipios, la Contraloría detectó que la Municipalidad de Pica presentó errores en las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos por $48.348.907. También se detectaron pagos en exceso por servicios funcionarios de las áreas municipal, salud y educación por $50.033.411.
La Municipalidad de Alto Hospicio también fue objeto de irregularidades, ya que se detectó que pagó la totalidad de los servicios contratados en la concesión de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles por un monto de $607.323.412, sin rebajar los servicios no prestados ascendentes a $59.139.231. Además, no aplicó sanciones al proveedor por los incumplimientos.
Asimismo, la Municipalidad de Iquique presentó irregularidades en la revisión de los estados de pago aprobados del contrato «Construcción Plaza Lastarria», por $60.372.057, donde se detectaron pagos improcedentes.
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ
La Delegación Presidencial Regional de Tarapacá también fue objeto de irregularidades, ya que se detectó una falta de marcaciones en el cuadro de los listados de entrega de alimentos de algunos beneficiarios, lo que generó un pago en exceso de $46.627.056. Además, se detectó una falta de acreditación documental del destino final de 3.908 raciones de alimentos no pagadas al proveedor, equivalentes a $17.913.308.
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y SERVIU DE TARAPACÁ
Por su parte, la Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá presentó irregularidades en la inspección del contrato «Construcción Red Nacional de Laboratorios Ambientales Iquique», donde se verificó que la persona autorizada por el inspector fiscal como Experto en Prevención de Riesgos no posee el título profesional exigido para el cargo.
Igualmente, el SERVIU de Tarapacá presentó irregularidades en la inspección a las obras del contrato «Construcción Establecimiento de Larga Estadía de la Comuna de Pozo Almonte», donde se constató que los montos desembolsados aprobados en los estados de pago respectivos no corresponden a los que debían haber sido pagados según el presupuesto contratado, situación que provoca una disminución del monto total del proyecto en $26.032.585. Además, se detectaron deficiencias en la supervisión por parte del técnico de obras.
Además, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá presentó irregularidades en 25 iniciativas de inversión asignadas a 4 organismos privados, por un total de 54.618 UTM, correspondían a programas de iguales características, sin motivos que justifiquen que se hayan separado en distintos convenios. Además, se detectaron faltas a la probidad en los gastos rendidos.
