Este sábado autoridades de Ecuador deportaron por el paso fronterizo de la provincia de Carchi a más de 800 presos colombianos a su país de origen.
Ante esta situación la cancillería colombiana informó que envió una nota diplomática de protesta por considerar que esta deportación es un “incumplimiento” del derecho internacional y que además se realizó de “manera unilateral”.
En ese sentido, Diana Pozo, gobernadora de Carchi, ubicada en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán, declaró que han realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que “este proceso de deportación sea ágil y no haya un colapso en el puente”.
Por su parte, Juan Morales, secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales aseguró que ellos como autoridades no recibieron ninguna notificación del gobierno ecuatoriano, “el problema que hemos tenido es que, al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia para recibirlos”.
Ante esta situación el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de un comunicado indicó que Quito inició la deportación “desatendiendo las respetuosas y reiteradas” solicitudes que le hiciera para generar antes un protocolo, catalogando la situación como un “gesto inamistoso”.
GOBIERNO ECUATORIANO
Por intermedio de un comunicado, la cancillería ecuatoriana señaló que las deportaciones se informaron a Bogotá desde el 8 de julio, garantizando el “respeto a los derechos humanos”, revisando de forma individual caso a caso, descantando una “supuesta deportación colectiva”.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador señaló en el año 2024 esta pretensión de deportar a reos colombianos para descongestionar sus prisiones, ya en abril empezaron los traslados a la frontera en pequeños grupos.
