El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para 15 de los 22 imputados formalizados este viernes en el marco de la “Operación Imperio”, un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que desarticuló una red dedicada al lavado de dinero, estafa y fraude a entidades financieras en distintas regiones del país.
La audiencia, que se extendió por 14 horas, concluyó con la decisión de mantener en la cárcel a los principales involucrados en el millonario fraude, que habría generado un patrimonio ilícito superior a los $3.000 millones.
Para dos de los imputados, el tribunal determinó una fianza de $15 millones, mientras que otros 26 detenidos quedaron con arresto domiciliario parcial y cautelares menores.
Según el fiscal Enrique Vázquez, el resultado fue satisfactorio, indicando que, “se obtuvieron 15 prisiones preventivas de las solicitadas por el Ministerio Público de un total de 22, además de haber apelado en dos casos”.
El megaoperativo, realizado el jueves por la PDI, dejó un total de 41 detenidos en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y Metropolitana. En la primera jornada de formalizaciones, otros 19 imputados quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario.
MODUS OPERANDI DE LA ASOCIACIÓN CRIMINAL
De acuerdo con el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, la organización operaba desde 2019, realizando falsificación de documentos —incluyendo títulos profesionales falsos— para engañar a entidades financieras y obtener bienes de lujo como vehículos de alta gama, relojes, lanchas, helicópteros e incluso una avioneta.
El grupo incluso habría reclutado a personas en situación de calle para utilizar sus identidades en el fraude, lo que permitió ocultar el origen del dinero ilícito.
“Esta investigación se inicia a raíz del trabajo de análisis criminal, vinculando a personas que poseían un patrimonio importante sin justificación respecto de su origen”, explicó Garrido, destacando la colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
PRÓXIMOS PASOS
El tribunal fijó un plazo de ocho meses para la investigación. Las defensas alegan que no todos los imputados tienen el mismo grado de participación y adelantaron que solicitarán revisar los nuevos antecedentes presentados por la Fiscalía para ejercer el derecho a defensa dentro de los plazos legales.
