SENADO DE BOLIVIA APRUEBA DEROGAR LEY DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN MEDIO DE AGUDA CRISIS SOCIAL
Una trascendental reforma legislativa avanza en el vecino país en un escenario de alta tensión política. La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó el proyecto para derogar la Ley de Estado de Excepción, una normativa que se mantía vigente desde el año 2020 y que ponía estrictos límites, plazos y fiscalización parlamentaria al uso de fuerzas militares y medidas extraordinarias por parte del poder central. La histórica votación se desarrolló en la ciudad de Sucre, mientras la capital, La Paz, cumple tres semanas paralizada por violentos bloqueos de carreteras y protestas de diversas agrupaciones ciudadanas.
El futuro del control de la seguridad pública quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados de Bolivia, corporación que de ratificar la propuesta cambiaría drásticamente el tablero político. La derogación de esta norma legal devolvería un amplio margen de maniobra al gobierno del presidente Rodrigo Paz para decretar estados de sitio sin contrapesos legislativos, una alternativa que divide al país, dado que el Comité pro Santa Cruz exige aplicar un estado de excepción sectorizado para liberar las rutas, mientras los sindicatos de transportistas y sectores movilizados advierten que esto desataría una mayor violencia.
La preocupación por el desborde civil movilizó a las principales instituciones morales de la nación. La Iglesia Católica de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos emitieron un duro manifiesto conjunto exigiendo frenar los combates, tras los graves incidentes entre policías y civiles en la ruta hacia Oruro y en las barriadas de El Alto, donde se confirmó un fallecido y múltiples heridos. Las entidades mediadoras urgieron abrir un mecanismo de diálogo transparente e independiente para salvaguardar la paz social y la vida en la región.
En este complejo escenario, la Iglesia Católica de Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias, mediante un comunicado conjunto, sostuvieron que lamentan profundamente que el diálogo no se haya concretado hasta ahora, añadiendo que “la prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”.
