Por no alcanzar el quórum especial de 78 votos necesarios, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de ley que permitía a la Fiscalía Militar participar en la investigación de delitos de espionaje. La propuesta, impulsada tras el polémico incidente en la base de la Fuerza Aérea en Pozo Almonte, quedó archivada por un plazo de un año al no lograr el respaldo suficiente en su idea de legislar.
La iniciativa legal, presentada por el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, estuvo a solo dos votos de ser aprobada. El resultado se vio influenciado por el rechazo de las oposiciones, el descuelgue de parlamentarios oficialistas y ausencias clave en las bancadas de derecha, lo que impidió que la sede castrense recuperara facultades en causas que hoy tramita la justicia ordinaria.
En es sentido, Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, detalló que “existe una limitación legal que hoy fuerza al ente persecutor a pedir infracciones a la ley de control de armas. Este proyecto buscaba dar herramientas reales ante casos de eventual espionaje como el ocurrido en Tarapacá”.
EL PRECEDENTE DE POZO ALMONTE
El debate estuvo marcado por los hechos ocurridos en mayo del año pasado, cuando dos personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas por ingresar a la base aérea de Pozo Almonte, planteando sospechas de espionaje. Sin embargo, parlamentarios del oficialismo y del Frente Amplio advirtieron sobre los precedentes peligrosos de involucrar nuevamente a la justicia militar en procesos que afecten a civiles.
Ante ello, Andrea Parra, diputada del PPD indicó que “es crítico que esta propuesta permitiera que la sede castrense iniciara la investigación de la causa y solo pasara a justicia ordinaria cuando se acreditara que el delito fue cometido por un civil. No podemos retroceder en esa línea”.
TENSIÓN POR JURISPRUDENCIA Y VOTOS CLAVE
Durante la discusión, se planteó que la iniciativa iba en contra de la tendencia de la Corte Suprema de restringir la justicia militar. Por otro lado, desde Renovación Nacional defendieron la necesidad de contar con sistemas especializados para procesar delitos de alta complejidad técnica como el espionaje internacional.
En relación con ello, Lorena Fries, diputada del Frente Amplio enfatizó que “esta iniciativa va en contra de la jurisprudencia que se ha instalado en Chile. La justicia militar debe ser restringida y participar solo excepcionalmente en casos que involucren a civiles”.
Finalmente, el diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, indicó que “aunque el proyecto podía ser perfeccionado, hay experiencia internacional comparada de sistemas especializados que pueden procesar eficazmente el delito de espionaje”. El archivo de la propuesta deja en pausa la discusión sobre las competencias de las fiscalías militares en la macrozona norte y el resto del país.
