La Contraloría General de la República expuso irregularidades en operaciones de compraventa de suelos destinados al Plan de Emergencia Habitacional entre 2022 y 2024. El ministro de la cartera, Iván Poduje, confirmó la revisión total de las adquisiciones y un plan de acción inmediato para evitar el desaprovechamiento de recursos fiscales.
En una jornada marcada por la presión fiscalizadora, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó la apertura de un sumario administrativo al interior de la cartera tras un demoledor informe de la Contraloría General de la República. El documento revela anomalías estructurales en la adquisición de terrenos mediante compraventa durante la administración del Presidente Gabriel Boric, operaciones que tenían como fin alcanzar las metas del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
El foco de la investigación: 25 casos bajo la lupa
La auditoría del órgano fiscalizador puso su mirada en las transacciones realizadas entre los años 2022 y 2024. Según el informe, existen inconsistencias en los procesos de compra y, lo que es más grave, una preocupante cantidad de terrenos adquiridos con fondos públicos que hoy se encuentran sin uso, sin proyectos asignados y sin cumplir el rol social para el cual fueron comprados.
El ministro Poduje fue enfático al señalar que el Ministerio no se limitará solo a lo detectado por el ente contralor: «Se está investigando cada una de las compras de terreno que fueron observadas por la contralora. Además, estamos investigando todas las compras grandes. La contralora hizo una muestra de 25 casos y nosotros estamos investigando por qué tenemos terrenos que no han sido ocupados», declaró la autoridad ante la prensa.
Plan de contingencia y búsqueda de responsables
Ante el hallazgo de la Contraloría, el Minvu ha debido estructurar un plan de destinación acelerada para que estos suelos no sigan siendo «sitios eriazos» financiados por el Estado. Poduje aseguró que el objetivo prioritario es agilizar la ejecución de proyectos de vivienda para que los terrenos cumplan con el propósito habitacional previsto.
Respecto a las responsabilidades individuales, la situación se mantiene bajo estricta reserva administrativa. Si bien en un inicio se deslizó la posibilidad de la suspensión de un funcionario específico, el ministro aclaró que aún es temprano para dar nombres propios:
«Todavía no hay personas identificadas por las irregularidades. El sumario lo va a determinar», sostuvo Poduje, subrayando que la investigación interna buscará establecer si hubo dolo, negligencia o fallas en los protocolos de tasación y compra.
El golpe al Plan de Emergencia Habitacional
Estas irregularidades representan un duro golpe político y logístico para el Plan de Emergencia Habitacional, la iniciativa estrella del Gobierno para combatir el déficit de viviendas en el país. El hecho de que se hayan detectado «anomalías en adquisiciones» sugiere una falta de control en el flujo de recursos que ahora obliga a la administración actual a reordenar las prioridades y transparentar cada metro cuadrado adquirido.
La confirmación de este sumario ocurre en un clima de alta sensibilidad pública respecto al uso de los recursos fiscales y la transparencia en los convenios y tratos directos del Estado, poniendo nuevamente al Ministerio de Vivienda en el centro del debate político nacional.
