
Un preocupante diagnóstico sobre la situación económica de la región expuso el presidente de la Asociación de Industriales de Iquique (AII), Marcos Gómez, durante una sesión de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde advirtió sobre los efectos del estancamiento económico, la informalidad laboral, la pérdida de competitividad y las dificultades que enfrentan las empresas para generar empleo e impulsar nuevas inversiones en Tarapacá.
Durante su intervención, Gómez sostuvo que diversos instrumentos de fomento creados para apoyar a las regiones extremas requieren una actualización que les permita responder a la realidad económica actual, especialmente frente a los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.
PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEO Y LA INFORMALIDAD
Uno de los puntos que más preocupación generó durante la exposición fue el aumento de la informalidad laboral en la región. Según indicó el dirigente gremial, cerca de uno de cada tres trabajadores en Tarapacá desarrolla actividades fuera del mercado formal, situación que afecta directamente a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias.
Gómez explicó que este escenario genera una competencia desigual y dificulta la creación de empleos formales, especialmente en un contexto de desaceleración económica y menor dinamismo productivo.
Asimismo, advirtió que muchas empresas enfrentan dificultades para acceder a beneficios como el DFL 889, instrumento destinado a incentivar la contratación de trabajadores en zonas extremas.
“Si yo me atraso en una cotización previsional, pierdo el beneficio”, ejemplificó durante su presentación, al explicar que el sistema exige un cumplimiento total de las obligaciones tributarias y previsionales para acceder al incentivo.
PYMES Y FALTA DE FLEXIBILIDAD EN LOS INCENTIVOS
El presidente de la AII señaló que numerosas pymes proveedoras de la minería enfrentan retrasos en sus pagos que pueden extenderse por 60 o 90 días, situación que termina afectando su flujo de caja y su capacidad para cumplir oportunamente con algunas obligaciones administrativas. “Hoy día está difícil ser empresario, ser emprendedor y ser proveedor de la minería”, afirmó Gómez al describir el escenario que enfrentan muchas empresas regionales.
A juicio del dirigente, los incentivos vigentes deberían considerar la realidad de las pequeñas empresas y permitir mecanismos más flexibles que favorezcan la mantención del empleo sin poner en riesgo la continuidad de los negocios.
ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO
Durante su exposición, Gómez explicó que el DFL 889 beneficia actualmente a entre 40 mil y 50 mil trabajadores de la región, cifra que demuestra que aún existe espacio para ampliar su cobertura y potenciar su impacto en la economía local.
Además, planteó la necesidad de revisar la forma en que algunos beneficios están siendo utilizados, señalando que deberían orientarse prioritariamente hacia actividades productivas capaces de generar inversión y nuevos puestos de trabajo.
El dirigente valoró la disposición de los integrantes de la comisión para debatir posibles modificaciones a estos instrumentos y sostuvo que una actualización de los beneficios para zonas extremas podría transformarse en una herramienta clave para recuperar la competitividad regional, fortalecer la inversión y enfrentar los problemas de empleo que afectan a Tarapacá.
“Uno de cada tres trabajadores en Tarapacá es informal”, reiteró Gómez, insistiendo en que la región necesita medidas concretas para fomentar el empleo formal y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.
Finalmente, señaló que las regiones extremas cumplen un rol estratégico para el país y que fortalecer sus instrumentos de fomento permitirá aprovechar de mejor manera sus oportunidades de crecimiento y su condición fronteriza.




