Una grave incongruencia en el cruce de datos con el Servicio Nacional de Migraciones derivó en el bloqueo masivo e inmediato de documentos inválidos. La polémica enciende el debate político en el Congreso por la seguridad migratoria, mientras el oficialismo y la oposición cruzan acusaciones por las responsabilidades administrativas.
Una profunda crisis institucional y de seguridad fronteriza sacude al aparato público chileno. El Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un nuevo escándalo: la entrega errónea de cédulas de identidad con condición de residencia definitiva a ciudadanos extranjeros que no cumplían con el marco legal requerido. La preocupante anomalía operativa se extendió de forma ininterrumpida durante seis meses entre los años 2024 y 2025.
De acuerdo con una investigación publicada originalmente por el medio de comunicación Ciper, el millonario error administrativo se tradujo en la entrega de identificaciones definitivas a personas que solo mantenían una residencia temporal vigente en el país. A través de un comunicado oficial, el Registro Civil rompió el silencio y confirmó que el proceso técnico arrojó un universo de 14 mil datos errados en total, aclarando taxativamente que dicha cifra no equivale necesariamente a 14 mil cédulas mal otorgadas, sino a inconsistencias globales en las fichas del sistema.
El origen del colapso: Un nuevo sistema de identificación fallido
Desde el corazón del Registro Civil apuntaron de manera directa a los problemas generados por la implementación de un nuevo sistema de identificación en 2024. Dicha plataforma tecnológica incluía una fase crítica de homologación de datos con el Servicio Nacional de Migraciones, y fue precisamente en ese cruce automatizado de información donde se produjo la severa incongruencia que otorgó el estatus definitivo de forma masiva a quienes no les correspondía.
La primera alerta roja sobre esta grave vulnerabilidad la encendió el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien notificó formalmente al Registro Civil luego de que sus equipos de fiscalización en terreno detectaran de forma flagrante a tres migrantes con residencia temporal portando cédulas que acreditaban residencia definitiva.
Con el objetivo de resguardar la seguridad migratoria y la fe pública del Estado chileno, el organismo estatal informó la activación inmediata de protocolos de contingencia. Como primera medida de contención, todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas centrales, quedando dichos documentos completamente inválidos e inhabilitados para realizar cualquier tipo de trámite público o privado en el territorio nacional.
Sumarios y dura repercusión en el Congreso Nacional
La gravedad de los hechos escaló rápidamente al plano político y judicial. Desde el Servicio Nacional de Migraciones informaron la instrucción de un sumario interno exhaustivo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. El director nacional de la entidad, Frank Sauerbaum, confirmó la medida argumentando que este bochorno técnico es el fiel reflejo de las denuncias que han venido sosteniendo en los últimos meses respecto a la urgente necesidad de contar con un sistema interoperable real y eficiente entre los distintos servicios del Estado.
Las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar. El senador socialista Juan Luis Castro tildó la situación como «inexcusable» y anunció que, en su calidad de miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, solicitará formalmente la comparecencia del ministro de Justicia y del director nacional de Migraciones para que rindan cuentas ante el Congreso. Por su parte, la oposición endureció el tono a través del diputado de la UDI, Marco Sulantay, quien apuntó sus dardos directamente contra la administración del expresidente Gabriel Boric, acusando negligencia y falta de rigurosidad en la instalación de los softwares de control fronterizo.
