En medio de cuestionamientos por oficios sin respuesta, demoras administrativas y consultas rechazadas por criterios legales, el Concejo Municipal de Iquique abrió un debate sobre los límites de la fiscalización, la Ley del Lobby y el verdadero alcance de las atribuciones de los concejales. La administración anunció cambios para acelerar la tramitación y evitar nuevos retrasos.
La tensión acumulada por oficios pendientes, respuestas que no llegan y dudas respecto del verdadero alcance de las atribuciones de los concejales, terminó instalándose con fuerza en la Sesión Ordinaria N°29 del Concejo Municipal de Iquique, realizada el pasado 28 de mayo de 2026.
Lo que inicialmente parecía una discusión administrativa sobre trámites internos terminó abriendo un debate más profundo: ¿hasta dónde puede llegar la facultad fiscalizadora de un concejal?, ¿Qué tipo de información puede exigir?, ¿Puede intervenir en solicitudes particulares de vecinos o contribuyentes?, ¿Quién debe responder cuando las consultas quedan sin contestación?
Las respuestas comenzaron a delinearse en medio de intervenciones cruzadas entre concejales, Secretaría Municipal y la Dirección de Asesoría Jurídica, instancia donde además se transparentó un cambio de procedimiento interno para agilizar la gestión de requerimientos, y se reveló la existencia de dictámenes recientes de la Contraloría General de la República que refuerzan límites legales sobre el actuar de los ediles.
El origen del conflicto: oficios sin respuesta y requerimientos detenidos
El debate surgió luego de cuestionamientos planteados por concejales respecto a requerimientos que —según señalaron— llevaban semanas e incluso meses sin respuesta.
En ese contexto, el secretario municipal subrogante, Iván Tomascic, confirmó que efectivamente existieron observaciones jurídicas sobre la forma en que algunas solicitudes estaban siendo canalizadas.
Tomascic explicó en la sesión que el concejal Cristian Barra había hecho referencia a un memorándum emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica hacia Administración Municipal, documento que respondió consultas específicas vinculadas a presentaciones realizadas por concejales y derivadas desde Secretaría Municipal.
Según detalló, algunas de estas tramitaciones fueron devueltas debido a criterios jurídicos que estimaban que ciertos requerimientos no podían prosperar bajo la forma en que estaban siendo ingresados, principalmente por eventuales conflictos con disposiciones legales relacionadas con atribuciones de los concejales.
“Hay situaciones que se plantean que no se podrían tramitar por disposición legal”, explicó el secretario subrogante, aunque aclaró que aquello no limita el derecho de los concejales a formular consultas o presentaciones para precisar dudas respecto del funcionamiento municipal.
Sin embargo, el punto central de su intervención fue otro: un cambio administrativo para acelerar las respuestas.
Nuevo mecanismo: Secretaría Municipal tomará control directo de los requerimientos
Hasta ahora, las solicitudes presentadas por concejales eran derivadas a Administración Municipal, unidad encargada de coordinar el funcionamiento general del municipio.
No obstante, Tomascic informó que el sistema cambiará.
La nueva modalidad considera que todas las presentaciones ingresadas formalmente a Secretaría Municipal serán derivadas directamente por dicha unidad a las direcciones correspondientes, evitando intermediaciones administrativas que —según se reconoció en la sesión— habrían provocado retrasos.
La medida contempla además plazos acotados.
El secretario municipal subrogante informó que las unidades receptoras tendrán entre tres y cinco días hábiles para evacuar informes internos, con el propósito de generar respuestas oportunas a los concejales.
“Vamos a generarlos directamente por Secretaría Municipal para evitar eventuales demoras o atrasos por mandarse a otras direcciones”, sostuvo.
El cambio implica, además, una modificación respecto de la instrucción originalmente entregada desde alcaldía, ya que hasta ahora las solicitudes se concentraban en Administración Municipal debido a su rol de supervigilancia sobre las distintas unidades del municipio.
“Para apurar los procesos hemos tomado la decisión (…) de hacer la tramitación directamente desde Secretaría Municipal”, explicó Tomascic.
El objetivo, añadió, será además implementar mecanismos internos de seguimiento y persecución administrativa para verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos.
“Esperamos durante junio ir regularizando esto”, señaló.
Concejales exigen respuestas: “No ha llegado absolutamente nada”
La explicación no dejó completamente satisfechos a algunos integrantes del concejo.
Uno de ellos fue el concejal Sebastián Vergara, quien planteó una inquietud concreta: la demora sostenida en las respuestas municipales.
Si bien reconoció que ciertos trámites pueden tardar, sostuvo que la situación se había vuelto insostenible.
“En el último mes aproximadamente no ha llegado absolutamente ninguna respuesta”, cuestionó, preguntando directamente cuánto tiempo demoraría la implementación del nuevo sistema y cuándo se pondría al día el municipio con los requerimientos pendientes.
Su intervención reflejó un malestar transversal: la percepción de que los mecanismos de fiscalización del concejo estaban perdiendo eficacia debido a retrasos administrativos.
Frente a ello, Tomascic respondió que ya se habían despachado todas las providencias pendientes, instruyendo solicitudes de informe a distintas direcciones municipales con plazos de entre tres y cinco días.
“Estamos operándolo esta semana”, aseguró.
Aunque reconoció que persisten desafíos administrativos internos —particularmente en sistemas computacionales y mecanismos de control—, comprometió mejoras progresivas durante junio.
Incluso, afirmó que, cuando no exista respuesta definitiva, al menos se informará a los concejales sobre el estado de tramitación y la unidad responsable del retraso.
Contraloría entra al debate: qué pueden y qué no pueden hacer los concejales
Uno de los momentos más relevantes de la sesión llegó con la intervención del director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Iquique, Hernán Figueroa.
Su exposición no sólo reforzó lo señalado por Secretaría Municipal, sino que introdujo un elemento jurídico clave: la llegada de tres nuevos dictámenes consecutivos de la Contraloría General de la República, relacionados precisamente con consultas formuladas por concejales en distintos municipios del país.
Según explicó, estos pronunciamientos fueron remitidos a Secretaría Municipal para ser dados a conocer formalmente al concejo en futuras sesiones.
Pero el fondo del asunto ya fue adelantado.
Figueroa explicó que la Contraloría ha reforzado un criterio jurídico que, si bien no es nuevo, muchas veces genera tensiones prácticas en los municipios: los concejales tienen facultades fiscalizadoras, pero no pueden intervenir en gestiones particulares de contribuyentes o vecinos.
En términos simples, los concejales pueden requerir información sobre la marcha del municipio, el funcionamiento de programas, la ejecución presupuestaria o el estado general de determinados procesos administrativos.
Sin embargo, no pueden actuar como representantes de intereses individuales, intervenir directamente en trámites particulares o presionar decisiones administrativas respecto de casos específicos.
Ley del Lobby y probidad: el límite que fija Contraloría
La explicación jurídica fue aún más allá.
Figueroa recordó que cuando un vecino o contribuyente solicita apoyo respecto de un trámite específico que está siendo gestionado ante el municipio, dicha situación puede quedar bajo el ámbito regulado por la Ley del Lobby y las normas de probidad administrativa.
La advertencia no es menor.
Sobre todo —explicó— cuando existen procedimientos que eventualmente terminan siendo votados por el propio concejo municipal.
Por ello, insistió en que los concejales deben tener especial cuidado al momento de involucrarse en asuntos individuales.
“Lo importante es que ustedes sepan que no pueden intervenir en esos trámites particulares porque se rigen por la ley del lobby y también por la probidad administrativa”, reforzó.
La explicación jurídica se sustentó además en criterios recientes de Contraloría emitidos a partir de consultas formuladas en otros municipios del país, donde se ha reiterado que el rol de los concejales es fiscalizar la marcha municipal, no administrar ni gestionar casos particulares.
El debate por los “puntos varios”: ¿quién responde y en cuánto plazo?
La discusión tomó un nuevo giro cuando la concejala Carolina Valdés abrió otra interrogante: qué ocurre con los requerimientos realizados durante el espacio de “puntos varios” dentro de las sesiones de concejo.
La edil planteó una inquietud concreta.
Si muchas consultas no son respondidas en la misma sesión y se promete responder posteriormente, ¿quién asume formalmente la obligación de contestar: Administración Municipal o Secretaría Municipal?
La duda no era menor.
Tomascic aclaró que el nuevo mecanismo operará principalmente para requerimientos formales ingresados por escrito a Secretaría Municipal, ya sea por oficina de partes o entregados directamente al secretario.
En el caso de los puntos varios, explicó que generalmente existe interacción directa con directores municipales, alcalde o administración.
Sin embargo, reconoció la necesidad de generar trazabilidad, transparencia y certeza respecto de las respuestas.
Por ello, adelantó que Secretaría Municipal buscará canalizar formalmente aquello que sea presentado por escrito.
Queremos “tener certeza de las situaciones, tanto para ustedes como para nosotros”, sostuvo.
Quince días hábiles: el plazo legal para responder
Fue nuevamente Hernán Figueroa quien entregó claridad jurídica sobre este punto.
Según explicó, uno de los dictámenes recientes de Contraloría precisamente abordó consultas formuladas por un concejal respecto al uso de “puntos varios”.
El criterio es claro.
La facultad fiscalizadora también puede ejercerse mediante ese mecanismo.
Por lo tanto, cuando se trate efectivamente de fiscalización municipal, el plazo de respuesta es de 15 días hábiles, el mismo estándar aplicable a solicitudes formales por escrito.
Eso sí, aclaró que no necesariamente las respuestas deben emitirse dentro de la sesión.
Si un director está presente y cuenta con antecedentes suficientes, puede responder inmediatamente.
En caso contrario, el municipio dispone del plazo legal.
Pero también estableció límites.
Si las consultas son reiterativas, duplicadas o terminan entorpeciendo el funcionamiento municipal, podría configurarse una afectación a la marcha administrativa del municipio.
Además, distinguió entre fiscalización real y observaciones ciudadanas.
Por ejemplo, si un concejal advierte un bache o problema reportado por vecinos, ello constituye una observación útil para la gestión municipal, pero no necesariamente una acción de fiscalización, por lo que no siempre gatilla la obligación formal de respuesta dentro de los plazos establecidos.
“Hay oficios de un año”: el llamado a destrabar respuestas pendientes
En la parte final del debate, el concejal Cristian Barra volvió sobre un problema que —según señaló— continúa afectando al concejo: oficios sin resolver durante largos periodos.
El edil sugirió que, dentro de las medidas para optimizar procesos, el municipio priorice aquellos requerimientos que acumulan largos tiempos de espera.
“Hay algunos que llevan ya un año”, advirtió.
Además, sostuvo que algunas respuestas emitidas hasta ahora no se condicen con la realidad operativa del municipio, lo que ha generado tensiones reiteradas dentro del concejo.
Su planteamiento cerró una sesión donde, más allá de los tecnicismos administrativos, quedó instalado un problema político e institucional mayor: cómo garantizar una fiscalización efectiva sin sobrepasar los límites legales establecidos para el rol de los concejales.
