Con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Sala despachó en general el controvertido proyecto de Reconstrucción Nacional. Mientras el Ejecutivo celebra el avance argumentando que será el motor de la reactivación económica y habitacional del país, la oposición levanta duras críticas, catalogando la iniciativa como «una reforma tributaria encubierta» y la mayor privatización desde el retorno a la democracia.
En una jornada marcada por intensos discursos y una profunda polarización en el hemiciclo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, la iniciativa estrella impulsada por el Gobierno, conocida popularmente en el debate público como la «Megarreforma».
El resultado en la Sala arrojó 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, otorgando el respaldo necesario para superar la crucial barrera de la idea de legislar. Con este decisivo paso, el proyecto no finaliza su trámite en la Cámara Baja, sino que ahora iniciará su discusión en particular, etapa en la que los parlamentarios deberán votar el articulado específico y someter a escrutinio las 118 indicaciones presentadas, las cuales incluyen la renovación de diversas enmiendas y la solicitud de votaciones separadas para los puntos más conflictivos del texto.
El optimismo del Ejecutivo: Reactivación y empleo
Desde el Gobierno, la aprobación fue recibida con evidente satisfacción. El biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, fue uno de los primeros en reaccionar, destacando la magnitud de los acuerdos alcanzados para lograr este avance legislativo.
«Hemos trabajado para que hoy día se apruebe con amplia votación la idea de legislar», señaló el secretario de Estado. En su intervención, Alvarado subrayó el impacto a largo plazo que la medida busca tener en el país: «Este es un proyecto muy importante para la reactivación económica en el futuro, para que se puedan generar mayores inversiones y puestos de trabajo».
Asimismo, el biministro hizo un llamado a la unidad, argumentando que los beneficios de la reforma trascienden las trincheras ideológicas. «Yo creo que es un proyecto que les interesa, independientemente de la postura política, a todas las chilenas y los chilenos para tener más oportunidades», enfatizó.
Esta visión va en línea con lo planteado en la antesala de la votación por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El jefe de la billetera fiscal defendió firmemente el proyecto, asegurando que la megarreforma modernizará la infraestructura pública y garantizará soluciones habitacionales definitivas para los damnificados, una de las promesas centrales de la administración. Quiroz también indicó que la fuerte inyección de inversión que contempla el proyecto permitirá «dinamizar la economía a través de la creación de empleos», un factor crucial en el actual escenario macroeconómico.
Apoyo desde la Comisión de Hacienda y la mirada en el Senado
El avance del proyecto no solo fue celebrado por el oficialismo, sino también por sectores de la oposición que respaldaron el diseño económico de la iniciativa. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien tuvo un rol clave al liderar la Comisión de Hacienda durante el trámite previo, se mostró optimista sobre el futuro del texto.
El parlamentario se declaró «conforme con los amplios votos a favor de esta iniciativa» y proyectó el escenario futuro para el cuerpo legal. «Creo que esto está avanzando a paso firme y en el Senado esperamos que se terminen de lograr los acuerdos que afinen este buen proyecto para Chile», afirmó Romero, dejando en claro que la Cámara Alta será el escenario definitivo para pulir las aristas más complejas de la ley.
La dura arremetida de los detractores: «Reforma privatizadora»
Sin embargo, el contundente respaldo numérico en la votación general no logró silenciar las profundas críticas de los detractores de la megarreforma, quienes ven en la iniciativa un riesgo inminente para la estructura económica y social del país.
Los sectores que votaron en contra sostienen que la narrativa de la reconstrucción esconde otras intenciones, acusando que la megarreforma es, en la práctica, una «reforma tributaria encubierta» diseñada a la medida para beneficiar a los sectores más ricos del país. La crítica más dura provino desde el Frente Amplio. La diputada Gael Yeomans encendió el debate en las horas previas a la votación con una frase que rápidamente resonó en los pasillos del Congreso: «Es la reforma privatizadora más profunda desde la dictadura a la fecha», aseveró, marcando la línea de rechazo de un sector que promete dar una dura batalla durante la votación en particular de las 118 indicaciones.
El futuro de la «Megarreforma» entra ahora en una fase de cirugía fina. La Sala deberá enfrentarse al detalle del articulado, donde cada indicación podría modificar el espíritu original del proyecto antes de ser despachado al Senado, en lo que promete ser uno de los debates legislativos más trascendentales del año.
