Una auditoría de la Contraloría General de la República de Chile detectó pagos de indemnizaciones improcedentes por más de $1.000 millones a 63 trabajadores de la empresa estatal Fábricas y Maestranzas del Ejército, algunos de los cuales recibieron compensaciones superiores a $100 millones y posteriormente fueron recontratados. El informe también reveló irregularidades en compras industriales y derivó antecedentes al Ministerio Público de Chile y al Consejo de Defensa del Estado de Chile para evaluar eventuales responsabilidades.
En la industria militar del Estado chileno —donde se fabrican municiones, se reparan sistemas de armas y se desarrollan piezas clave para la defensa— un informe administrativo encendió una alarma que hoy resuena en todo el aparato público.
La auditoría de la Contraloría General de la República de Chile detectó un conjunto de prácticas que, según el organismo fiscalizador, implicaron más de $1.000 millones en indemnizaciones improcedentes, recontrataciones cuestionadas y decisiones administrativas que hoy están bajo investigación al interior de la empresa estatal Fábricas y Maestranzas del Ejército.
El documento —Informe Final N.º 750 de 2025— revisó la gestión de la compañía durante el período 2022-2024. El resultado fue un diagnóstico lapidario: 63 trabajadores desvinculados bajo la causal de “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones que no correspondían legalmente, generando un desembolso estatal que supera los $1.000 millones de pesos.
Pero ese fue solo el primer hallazgo.
El mecanismo: despidos millonarios… y regreso al mismo cargo
La auditoría describe un patrón administrativo que los fiscalizadores calificaron como irregular.
Según el informe, algunos funcionarios fueron desvinculados bajo la fórmula de mutuo acuerdo, una modalidad contractual que no obliga a pagar indemnizaciones legales.
Sin embargo, en FAMAE ocurrió algo distinto.
Los trabajadores recibieron compensaciones millonarias y luego —en algunos casos— volvieron a ser contratados en la misma institución.
Entre los casos más llamativos, cuatro funcionarios recibieron indemnizaciones superiores a los $100 millones cada uno.
La cifra que resume la magnitud del problema es contundente:
$1.000.301.917 pagados a 63 trabajadores bajo una modalidad que no contemplaba legalmente ese tipo de compensación.
Para la Contraloría, esto constituye una práctica improcedente en el uso de recursos fiscales.
Un experto en administración pública consultado para este reportaje lo resume así:
“Cuando alguien se va por mutuo acuerdo no existe obligación de indemnizar. Si se paga igual, y además esa persona vuelve a trabajar al mismo lugar, se genera una señal muy delicada en el manejo de fondos públicos”.
La compra que terminó convertida en chatarra industrial
Pero el informe no se detuvo en el área de recursos humanos.
Los auditores también detectaron irregularidades en adquisiciones industriales realizadas por la empresa estatal.
Uno de los casos más emblemáticos fue la compra de una máquina láser industrial por $70.042.181.
La adquisición se realizó mediante trato directo, es decir, sin licitación pública.
Según la Contraloría, el proceso presentó varias falencias:
- no se acreditó exclusividad del proveedor
- no se compararon ofertas de mercado
- no se justificó técnicamente la decisión
- no se establecieron garantías adecuadas
El desenlace fue tan simbólico como preocupante.
Apenas cuatro meses después de su instalación, el equipo comenzó a fallar.
En abril de 2025 volvió a presentar problemas técnicos.
Hoy la máquina permanece fuera de servicio debido al alto costo de reparación, según el informe.
En otras palabras: una compra millonaria terminó inutilizada dentro de la empresa estatal.
El efecto dominó: Fiscalía y CDE entran en escena
Debido a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría decidió escalar el caso.
El informe fue remitido a dos instituciones clave del sistema judicial:
- Ministerio Público de Chile
- Consejo de Defensa del Estado de Chile
Ambos organismos deberán evaluar si los hechos detectados podrían configurar responsabilidades civiles o eventuales delitos asociados al uso de recursos públicos.
Además, la Contraloría ordenó que el Consejo Superior de FAMAE inicie investigaciones administrativas internas para determinar eventuales responsabilidades dentro de la empresa.
Las consecuencias políticas y administrativas
El informe no solo generó ruido administrativo.
También abrió un debate político y técnico sobre la gestión de empresas estatales vinculadas a la defensa.
Parlamentarios de distintas bancadas señalaron que los antecedentes son “extremadamente graves” y plantearon la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización sobre organismos estratégicos del Estado.
Analistas en políticas públicas advierten que el caso podría tener varias consecuencias:
1. Sumarios internos
Funcionarios que participaron en la aprobación de indemnizaciones o compras cuestionadas podrían enfrentar procesos disciplinarios.
2. Recuperación de recursos
El Consejo de Defensa del Estado podría iniciar acciones para intentar recuperar parte de los fondos pagados indebidamente.
3. Cambios en los controles administrativos
El caso podría impulsar nuevas normas de supervisión para empresas estatales vinculadas a la defensa.
Un problema mayor: el contexto del control fiscal en Chile
El caso FAMAE no ocurre en el vacío.
En los últimos años la Contraloría ha intensificado su fiscalización sobre el aparato público.
Solo en un informe general reciente, el organismo detectó irregularidades por más de $1,5 billones en distintas reparticiones del Estado, tras revisar 792 auditorías realizadas entre 2024 y 2025.
Entre los problemas más comunes detectados por el ente fiscalizador aparecen:
- pagos indebidos
- compras sin respaldo
- contratos mal ejecutados
- deficiencias en rendiciones de cuentas
El caso FAMAE, dicen especialistas, encaja en ese patrón de debilidades administrativas dentro del Estado.
FAMAE: una empresa estratégica bajo presión
La situación adquiere una dimensión aún mayor por la naturaleza de la institución involucrada.
La Fábricas y Maestranzas del Ejército, fundada en 1811, es una de las industrias estatales más antiguas del país y cumple un rol clave en el sistema de defensa.
Entre sus funciones principales están:
- fabricación de municiones
- mantenimiento de armamento
- producción de equipamiento militar
- soporte logístico para el Ejército de Chile
Por esa razón, su administración financiera está sometida a estrictos estándares de control.
La pregunta que ahora deberá responder la justicia
El informe N.º 750 de la Contraloría deja una interrogante que hoy atraviesa al sistema de defensa y al aparato estatal.
¿Cómo se autorizaron 63 indemnizaciones que no correspondían legalmente?
¿Quién aprobó pagos individuales que superaron los $100 millones?
¿Y por qué funcionarios que recibieron esas compensaciones terminaron regresando al mismo cargo?
Mientras las investigaciones avanzan en la justicia y en los organismos administrativos, el caso ya dejó una certeza.
El informe no solo reveló irregularidades.
También expuso un sistema administrativo donde despidos, pagos millonarios y recontrataciones parecían formar parte de una misma cadena dentro del Estado.
Y ahora esa cadena está siendo revisada, pieza por pieza.
