El 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicación entre los involucrados para Sergio Yáber Lozano, Yamil Najle Alée y Harold Pizarro Iturrieta. Los tres sujetos son investigados por el Ministerio Público como presuntos autores de lavado de activos, tras ser vinculados a una red de blanqueo de fondos provenientes de coimas pagadas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Según información revelada por La Tercera, la Fiscalía sostiene que los abogados de la empresa Belaz Movitec habrían canalizado pagos ilícitos hacia Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles. En esta trama, los conservadores de Bienes Raíces (Yáber y Najle) junto al dueño de una casa de cambio (Pizarro) habrían cumplido un rol determinante para ocultar y disimular el origen de estos dineros mediante contratos simulados y transferencias bancarias.
El Magistrado del 7º Juzgado de Garantía manifestó que existen pruebas suficientes para acreditar la participación de los acusados en el ilícito. “La multiplicidad de antecedentes permite asentar una presunta participación punible en calidad de autores. El arresto domiciliario total resulta idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso y evitar coordinaciones indebidas”, puntualizó el juez durante la audiencia de formalización.
En el desglose de los cargos, la Fiscalía detalló que Harold Pizarro habría utilizado a su hijo y su yerno como intermediarios para entregar dinero en efectivo a sabiendas de su procedencia ilegal. Por su parte, Sergio Yáber —conservador de San Miguel— es acusado de recibir 47 mil dólares de Migueles y realizar giros para borrar el rastro documental, mientras que Yamil Najle, conservador de Chillán, habría recibido 25 millones de pesos para encubrir la operación con documentos notariales predatados.
El Fiscal del Ministerio Público sostuvo que los imputados coordinaron una estructura financiera para dar apariencia de legalidad al soborno. “Se coordinan para generar una serie de contratos destinados a encubrir y disimular el verdadero origen de estos dineros. En el caso de Pizarro Iturrieta, ocultó el pago dado por los abogados Lagos y Vargas a la imputada Vivanco por intermedio de Migueles”, detalló el persecutor ante el tribunal.
Pese a la gravedad de los delitos, el tribunal valoró que los propios imputados han entregado declaraciones clave que reconocen las operaciones financieras descritas. Esta colaboración ha otorgado una base práctica sólida a la investigación por la denominada «trama bielorrusa», permitiendo que las diligencias se profundicen mientras los tres profesionales cumplen con la privación de libertad en sus respectivos domicilios.
