El Primer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó los argumentos de la defensa y decretó prisión preventiva para los siete funcionarios de la PDI y un civil, fueron formalizados por su participación en una presunta red criminal vinculada a corrupción y narcotráfico, decisión que se adoptó por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de la investigación.
Según lo expuesto en audiencia, el tribunal sostuvo que existen antecedentes suficientes para acreditar —con un estándar de probabilidad— la participación de los imputados, entre ellos siete detectives suspendidos, uno que renunció recientemente y un civil.
Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación. El plazo de investigación quedó fijado en 180 días.
La representación legal de los involucrados quedó a cargo de la Defensoría Penal Pública, aunque algunos imputados contarán con defensores privados.
INVESTIGACIÓN BAJO RESERVA
Respecto al avance del caso, el fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Occidente, enfatizó que la causa se mantiene bajo reserva debido a la magnitud de las diligencias pendientes.
Según explicó el persecutor, “hay un contrabando de cigarrillos, un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban”.
Soto además señaló que existen hallazgos relevantes obtenidos en las recientes entradas y registros: “Tenemos mucho material incautado; hubo muchos hallazgos que se realizaron el día de ayer en la Bicrim correspondiente y en los domicilios respectivos”.
Consultado por la existencia de otros posibles involucrados, fue categórico: “También es secreto de la investigación”, reiterando que aún quedan diligencias por desarrollar.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones
